El gobierno de España ha emitido una advertencia a Rafael Louzán, recientemente nombrado presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La ministra de Deportes ha indicado que podrían convocarse nuevas elecciones en la RFEF, dependiendo de la decisión final del Tribunal Supremo sobre el caso de Louzán.
Louzán enfrenta una condena de 7 años de inhabilitación por prevaricación relacionada con su gestión como presidente de la Diputación de Pontevedra. Aunque actualmente tiene un permiso temporal para presidir la RFEF, su permanencia en el cargo depende del fallo definitivo del Tribunal Supremo. Si se confirma la condena, Louzán no podría ejercer como presidente al no cumplir con los requisitos de integridad de la FIFA y la UEFA.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, declaró: “Si se ratifica esa condena de siete años por prevaricación, actuaremos conforme a la Ley del Deporte y será necesario convocar nuevas elecciones en la federación”. Estas declaraciones indican claramente que el gobierno no permitirá que Louzán continúe en el cargo si se confirma la sentencia.
La situación actual refleja la inestabilidad reciente en la dirección de la RFEF, tras los problemas con anteriores presidentes. El gobierno español parece decidido a garantizar una gestión adecuada y conforme a la ley en la federación de fútbol.