El juzgado de instrucción ha decretado la libertad provisional bajo medidas cautelares para la mujer que protagonizó un atropello múltiple el pasado jueves en las proximidades del RCDE Stadium, momentos antes del encuentro entre el Espanyol y el FC Barcelona. La implicada, que arrolló a varias personas con su coche, ha sido puesta en libertad, pero con restricciones significativas: se le ha retirado el permiso de conducción y deberá presentarse ante la autoridad judicial dos veces al mes mientras prosigue la investigación del suceso.
La causa permanece abierta y declarada bajo secreto parcial. En la actualidad, la instrucción judicial considera como principal hipótesis un posible ataque de pánico como origen del incidente, si bien no se descarta ninguna otra línea de investigación. Se ha informado que la conductora fue trasladada inicialmente a un centro hospitalario y permaneció bajo custodia policial hasta ser puesta a disposición judicial este fin de semana.
El incidente causó varios heridos de diversa consideración, generando un profundo malestar entre los seguidores del equipo local. Lo que se esperaba fuera una jornada festiva de fútbol derivó en escenas de caos. Las imágenes del atropello circularon rápidamente por las redes sociales. Uno de los afectados continúa hospitalizado en estado crítico en el Hospital de Bellvitge.
Desde el entorno del Espanyol, y en particular desde los grupos de animación, se han formulado críticas no solo hacia el atropello en sí, sino también hacia la actuación posterior del dispositivo policial, que algunos han calificado de “desproporcionada y descoordinada”. Las denuncias sugieren que se priorizaron las cargas contra los aficionados por encima de la asistencia a los heridos, un aspecto que, según parece, también está siendo objeto de análisis por parte de los responsables del operativo.
Es probable que la decisión del juez de no ordenar prisión provisional genere controversia. Habrá quienes consideren que, en función de la posible situación mental de la conductora, aplicar medidas de control sin privación de libertad es lo más prudente. Sin embargo, también es esperable que surjan voces que reclamen una mayor contundencia, especialmente considerando la gravedad potencial que pudo alcanzar el incidente.
Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso. La conductora no podrá conducir vehículos y deberá cumplir con las comparecencias periódicas ante el juzgado. Por su parte, las víctimas y sus familias aguardan que se haga justicia en un caso que ha impactado fuertemente al entorno perico y que aún presenta numerosas incógnitas.
Mateo Beltrán